Esta semana, la presidencia de la República anunció reformas para fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas, derivado del escándalo del hallazgo de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Reconocemos que un tema tan delicado como el de las desapariciones sea finalmente centro de atención para el gobierno, aunque la mayoría de las medidas anunciadas no sean necesariamente novedosas o no atienden las causas estructurales de las fallas del sistema.
Las reformas anunciadas no tocan el problema nodal de la falta de articulación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda para atender adecuada y eficazmente los casos. Dentro de las medidas anunciadas se contempla fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero es importante recordar que las comisiones de búsqueda no son instituciones con capacidad para hacer frente a las dinámicas de violencia del crimen organizado, aunado a que sin la colaboración de las fiscalías y sistemas de inteligencia, se limitan las posibilidades de establecer hipótesis de búsqueda individualizada. La falta de cooperación y articulación entre instancias involucradas a nivel municipal, estatal y federal, ha sido causa de ineficacia, ha llevado a duplicar acciones y favorecido la revictimización de los familiares de las víctimas.
