“Nuestra lucha incansable, que es la de todas las familias y colectivos que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos, está llena de dolor y determinación. Exigimos que los Estados asuman su responsabilidad en la búsqueda y localización de las víctimas, juzgamiento y reparación, conforme al sistema internacional de protección a los derechos humanos.
Además, instamos a los Estados que aún no han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que lo hagan a la brevedad y respondan a su obligación de garantizar las condiciones para la prevención de este flagelo.
La impunidad que padecemos es un crimen continuado producto de la falta de interés de erradicar estos patrones que se han arraigado en nuestras sociedades, aunado a políticas negacionistas cuyo fin es proteger a los perpetradores de dicho crimen.
Por lo que exigimos que los Estados latinoamericanos cumplan a cabalidad con sus obligaciones internacionales contra las desapariciones forzadas en su más actual tipificación, según obligaciones ante Naciones Unidas, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“.
