El próximo miércoles 5 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene una oportunidad histórica. La Primera Sala votará el proyecto de sentencia de la Ministra Margarita Ríos Farjat en el Amparo Directo en Revisión 5363/2023, un caso emblemático que marcará el rumbo de la reparación integral del daño en casos de feminicidio en México.
Este caso representa la lucha de una década por justicia para Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de solo 12 años brutalmente asesinada en febrero de 2015 en Lerma, Estado de México. Durante estos 10 años, su familia ha enfrentado no solo el dolor por su pérdida, sino también amenazas, desplazamiento forzado y, en noviembre de 2020, la muerte de su hijo Daniel de 16 años de edad, víctima de negligencia médica y estatal mientras se encontraban en medida de protección en Monterrey, Nuevo León.
EL Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó a los padres de Fátima el reconocimiento formal como víctimas indirectas del delito de feminicidio, impidiéndoles acceder a la reparación del daño. Ahora, la SCJN tiene la oportunidad de corregir esta injusticia y sentar como precedente que la calidad de víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares.
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