Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez, coinciden familiares y amigos, fueron desaparecidas por enfrentarse a los poderes políticos y económicos del estado de Oaxaca: por defender el bosque y el territorio, acompañar a víctimas de la violencia y denunciar actos de corrupción en una de las regiones más peligrosas del país para la defensa de los derechos humanos. Sus casos permanecen impunes.
La defensa de los derechos humanos en Oaxaca ocurre en un contexto en que se entremezclan los intereses de autoridades, empresas y crimen organizado, sin que sea posible determinar sus responsabilidades. Así lo explica Marcos Leyva, director de la organización Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa, para quien los casos de Galindo, enfrentada a la tala ilegal permitida por autoridades locales coludidas con grupos delictivos; de Uruchurtu, en pugna con el poder político por exigir transparencia y rendición de cuentas en una región atravesada por dinámicas criminales, y Domínguez, que acompañaba casos de violencia y señalaba a funcionarios que hoy integran el gobierno estatal, no escapan a esa lógica.
Lee el reportaje completo de Marcos Nucamendi para A dónde van los desaparecidos.
