Comienza un nuevo un año y con él se avizoran retos inmensos para los derechos humanos en México.
En primer lugar, a partir del 20 de enero, el regreso al poder en los Estados Unidos de una opción política abiertamente racista y xenófoba genera un escenario de pronóstico reservado. En derechos humanos, no es exagerado advertir sobre la crisis migratoria que una política de deportación masiva puede generar, respecto de personas que ya hoy enfrentan situaciones críticas a su paso por México, donde quedan a merced de salvajes poderes legales e ilegales.
En segundo lugar, la violencia sigue lastimado día a día a las familias y comunidades en México, con regiones controladas por la macrocriminalidad en estados como Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero o Guanajuato, donde la línea que debe separar a las autoridades de las organizaciones criminales se ha vuelto inexistente o borrosa.
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