Quedó aprobada en la Cámara de Diputados la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental (INAI).
La decisión que seguramente confirmará el Senado esta semana es, sin duda alguna, un retroceso. Conservamos el derecho constitucional de acceso a la información pública, pero hemos perdido a la institución idónea para garantizarlo. En el nuevo modelo, la propia administración pública será juez y parte cuando se presente alguna controversia en el acceso a la información pública gubernamental.
Pensar que la eliminación de la institución garante no afecta el ejercicio del derecho porque la función la preserva una secretaría de estado, es no entender la dinámica de la lucha contra la opacidad gubernamental en México.
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