Durante los últimos 20 años, México ha adoptado una estrategia de militarización de la seguridad pública como respuesta a la grave crisis de violencia que vive el país. Esta política ha resultado en constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional por parte de las instituciones de seguridad y defensa, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, y tratos crueles e inhumanos.
Es urgente que México adopte un enfoque de seguridad ciudadana que respete y garantice los derechos humanos. A medida que las Fuerzas Armadas asumen tareas de seguridad, se ha creado una lógica de “enemigo interno” que prioriza el uso de la fuerza letal sobre medios pacíficos y sostenibles.
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