Han quedado aprobadas en el Senado las leyes secundarias de la reforma judicial. Lejos de haberse abierto el espacio para la mejoría de las modificaciones constitucionales, el proceso volvió a ser cerrado, atribulado y desaseado, requiriendo incluso la intervención de la presidenta de la república para contener las pretensiones avasalladoras de la mayoría.
También se llevó a cabo, hace unos días, la primera tómbola para determinar qué posiciones judiciales irán a las urnas. Un procedimiento penoso, en el que fue notoria la improvisación de las reglas durante la misma sesión y la prevalencia de un tono en todo momento humillante hacia uno de los poderes de la Unión.
Ante este proceder, puede preverse que las personas juzgadoras y las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación sigan manifestando su inconformidad. Pensar que esas expresiones vayan a terminar súbita y definitivamente por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o del Consejo de la Judicatura (CJF) es desconocer el funcionamiento real de la judicatura, donde hay servidores públicos federales y estatales que tienen agencia sobre sus reacciones, más frente a una reforma que estiman oprobiosa.
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