Los 100 compromisos presentados por la presidenta de la República incluyen aspectos positivos, pero no delinean aún la política integral que México necesita con urgencia en materia de derechos humanos.
Desde luego, lo anunciado en materia de derechos sociales, derechos de las mujeres y derechos ambientales es positivo. En particular, que se reconozca expresamente la necesidad de impulsar la transición energética frente a la crisis climática y que la primera presidenta anuncie medidas para erradicar la violencia contra las mujeres es encomiable.
En derechos civiles y políticos, sin embargo, el panorama es distinto. Es positivo que se haya retomado el compromiso de esclarecer el caso Ayotzinapa, pues las madres y los padres de los 43 no han accedido a justicia y verdad plenas, pero la crisis de desapariciones trasciende por mucho a un solo caso y no se están presentando medidas extraordinarias para atender esta crisis. Acciones básicas como retomar la construcción de instituciones especializadas en lidiar con el rezago forense y como el fortalecimiento de las debilitadas instancias de búsqueda, así como la rearticulación del muy deteriorado Sistema de Atención a Víctimas, no han sido anunciadas.
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