El uso político de la justicia sigue vigente hasta el día de hoy y es aprovechado por quien detenta el poder político.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y el resultado es que se sigue desconociendo qué pasó con los jóvenes y dónde están. En otras palabras la impunidad prevalece y el sufrimiento de sus familias sigue presente.
Pero esta impunidad es el resultado de una situación estructural y de decisiones políticas. Lo estructural tiene que ver con que las procuradurías, ahora fiscalías, fueron instituciones modeladas por los intereses políticos para usar la justicia en función de los propios intereses y “resolver” los asuntos legales de acuerdo con la conveniencia del gobierno en turno.
Eso ha tenido consecuencias como fue que nunca se privilegió el desarrollo de capacidades de investigación científicas, sino que lo fundamental era la lealtad para manipular las cosas y construir un resultado al gusto del poder político.
Lee el artículo completo de Edgar Cortés, coordinador de los proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en el siguiente enlace.
