La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial y advierte sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
La CIDH recibió información sobre la reforma que fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.
La Comisión Interamericana compartió que una reforma constitucional de esta envergadura debió conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos. En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas. Esto no se hizo.
