La semana pasada, en Acámbaro, Guanajuato, un Tribunal de Juicio Oral absolvió en el fuero común a los probables responsables de la desaparición de la maestra Guadalupe Barajas Piña. El triunfo de la impunidad en este caso muestra que, en efecto, es indispensable transformar la justicia, evidenciando también que la reforma que se requiere no es la que en estos días se ha discutido en la Cámara de Diputados.
El cuerpo de la maestra Lupita, desaparecida el 29 de febrero de 2020, fue encontrado en una de las fosas de Salvatierra, Guanajuato -la fosa clandestina más grande hasta el momento encontrada en dicho estado- donde se hallaron también los restos de cerca de 80 personas, 65 de éstas ya identificadas. El hallazgo habría sido imposible sin la búsqueda emprendida por los colectivos locales, donde participó la familia de la profesora.
Francisco Javier, hermano de Lupita, quedó tan marcado por esa experiencia que decidió, como lo hacen tantos familiares, entregarse a trabajar por las personas desaparecidas, ingresando a la Comisión Estatal de Búsqueda. Por su activismo, el 29 de mayo de 2021 fue también asesinado.
Ambos casos han avanzado lentamente ante la justicia. En el caso de Lupita, a casi cinco años de los hechos, las audiencias del juicio respectivo iniciaron hace unos días. Cuando concluyeron, lamentablemente el Tribunal de Enjuiciamiento determinó absolver a los acusados, lo que ya será impugnado por el ministerio público y la propia familia. El caso muestra cómo, en efecto, el sistema de justicia mexicano está roto.
