Una jueza federal ha concluido que la represión del Estado mexicano en Guerrero durante la década de 1970 fue terrorismo de Estado y ha exigido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue bajo esa lógica el caso del activista Rosendo Radilla, desaparecido en el municipio de Atoyac, en 1974, a manos del Ejército. En la resolución de un juicio de amparo, la jueza, Karla Macías, ha ordenado además a la FGR que procese a decenas de militares de alto rango supuestamente implicados en el caso del activista, entre ellos el exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre.
La sentencia golpea con dureza a la FGR y sus antecesoras. “La ineptitud de la fiscalía no solo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel”, señala el texto. La jueza ordena además al Gobierno que declare “Zona de Monumentos Históricos” las viejas instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar, en Ciudad de México, y una parte de la base aérea de Pie de la Cuesta, en Guerrero, lugares centrales de la represión.
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