Ha avanzado el proceso legislativo relacionado con el paquete conocido como “Plan C”, incluyendo las modificaciones encaminadas a eliminar diversos órganos autónomos.
Estas reformas, que suponen modificaciones a al menos 14 artículos constitucionales, proponen eliminar en principio 7 órganos, concretamente: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI).
De este conjunto de modificaciones, las relacionadas con órganos que tienen por mandato tareas vinculadas a la garantía de derechos humanos son especialmente preocupantes y deben analizarse por separado. La naturaleza del CONEVAL y del INAI es diferente a la del resto de los organismos que se quieren eliminar. Es un error aducir que estos órganos fueron parte de la propensión neoliberal de arrancar de la administración pública aspectos de política pública, pues en realidad la naturaleza de estos dos organismos es otra: proteger derechos.
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