El 1 de agosto la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) inició operaciones, luego de este cambio, organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), hacemos un llamado para que la institución ejerza su autonomía y establezca estructuras y mecanismos para garantizar justicia de manera más eficiente, efectiva, apegada a derecho y que contribuya a combatir la inseguridad y las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el estado.
La institución, de la que el Congreso local nombró como titular a Ernestina Carro Roldán durante los próximos siete años, tiene la oportunidad de garantizar justicia en casos donde se ha criminalizado a personas defensoras del medio ambiente y revertir la impunidad en casos de tortura.
Es el caso de Keren Selsy Ordóñez, quien desde 2015 está privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, ubicado en el municipio de Apizaco, acusada de un secuestro en el que no participó.
Tras casi nueve años de injusto encarcelamiento, el proceso penal de Keren se encuentra pronto a concluir; en los próximos días la Fiscalía del Estado tendrá que presentar las conclusiones en el caso, en las cuales la familia y organizaciones de la sociedad civil acompañantes hacen un llamado para que sean “no acusatorias”, es decir, que se retiren los cargos contra Keren y se ordene su libertad inmediata.
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