Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y el 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto; sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas. Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones.
Les desconcertó que desde la primera hoja el Presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedeña. Catalogó como afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al Ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del Presidente no giró en torno al paradero de los 43, sino en la conspiración internacional que se urdió contra el Ejército.
Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales, 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda de que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.
El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.
En 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del Ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación.
Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que comenzaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el Ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes.
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