El pasado 5 de julio el Estado Mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en una sesión a la que respondió a las recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Este mecanismo se encargó por cuarta ocasión de examinar la situación de los derechos humanos en el país.
En este sentido, México recibió 318 recomendaciones por parte de 115 países, lo que se traduce en la visibilización de una crisis de derechos humanos y el llamado a las autoridades pertinentes para tomar acciones efectivas. Aunque es relevante que entre las recomendaciones no aceptadas por el Estado, que son 14, hay temas relevantes de violencia de género, migración, desplazamiento y desaparición forzadas, entre otros más, la posición de México dejó de lado algunas de las cuestiones más apremiantes en el contexto actual.
Así, por primera vez en este mecanismo, el EPU emitió recomendaciones sobre la militarización en el país, a lo que México respondió con afirmaciones que no se sostienen con la realidad nacional y con la documentación e investigación de varias organizaciones de la sociedad civil al afirmar que la Guardia Nacional se ha consolidado “siempre bajo el mando de una autoridad civil”.
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