Hace unos días, fue confirmado que el nuevo gobierno impulsará la reforma constitucional con la que se pretende adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). De aprobarse en sus términos, estaremos ante una modificación regresiva que profundizará el poder militar, ya que su contenido no se limita a la seguridad, sino que tiene un alcance mayor.
La Guardia Nacional (GN) fue creada en 2018 con el inicio del sexenio de AMLO. En el Congreso de la Unión, el consenso que permitió su nacimiento se basó en un diseño que garantizaría constitucionalmente su carácter civil. Se dijo en ese entonces que el apoyo militar sería únicamente de forma temporal mientras se fortalecía su implantación territorial. Sin embargo, muy pronto la GN se impregnó de una identidad militar: los niveles de mando fueron conferidos a castrenses, y su funcionamiento mostró esta impronta. No existió una rendición de cuentas, y su opacidad es la misma que ha caracterizado al Ejército.
Como mencionamos, esta propuesta representa riesgos más allá del ámbito de seguridad, basta tan solo mencionar tres de los contenidos: busca modificar el artículo 13 para que el fuero militar conozca de aquellos delitos que cometan los elementos de la Guardia Nacional, modificar el artículo 21 para que la Guardia Nacional pueda investigar delitos federales, y cambiar el artículo 129 para que las Fuerzas Armadas puedan realizar cualquier tarea que por ley se les encomiende.
Lo esencial es alertar sobre los riesgos y exigir que se diseñen contrapesos y controles civiles externos a las Fuerzas Armadas.
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