Ya son casi cuatro meses de los actos de represión, abuso de autoridad, y tortura que sufrieron mujeres manifestantes en la marcha del 8 de marzo en Zacatecas. Las víctimas de la represión, Feministas de Zacatecas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual en Atenco se suman para denunciar la negligente opacidad de la actuación de diversas autoridades.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas incurrió en imprecisiones e información falsa, como señalar que los gritos de las mujeres que se escuchaban desde el Callejón de las Campanas eran provocados porque las víctimas estaban en crisis, esto sin decir por qué y negando que fueron golpeadas. Las actuaciones en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas no han sido imparciales. De los diez peritajes psicológicos realizados por su parte, solo uno ha resultado positivo a signos y síntomas de violencia. La evidencia también se ha visto comprometida por la tardía actuación de la Fiscalía del estado. Por ejemplo, las muestras de sangre en el Callejón de las Campanas se han perdido.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ) informó que la cámara principal del Callejón de las Campanas fue instalada el 27 de marzo, días después de los hechos, contradiciendo testimonios de que dicha cámara ya existía desde 2019. Encima, esta secretaría ha negado información crucial, al asegurar que solo participaron mujeres policías en el operativo del 8M. Esto ha sido desmentido por testimonios y videos. Además, al ser requerida por la Fiscalía del estado para proporcionar un informe relativo al despliegue del operativo para el evento del 8M, la SSPZ dio contestación alegando que esta es información reservada, ignorando el artículo 21 de la Constitución.
Edith Rosales, del Movimiento de mujeres sobrevivientes de tortura en Atenco destaca que sigue habiendo represión y tortura; se siguen intentando reprimir todos los movimientos. Menciona también que es muy parecido el caso de Zacatecas al de Atenco. Ante una violación de derechos humanos, incluyendo pero no limitado a fabricación de delitos, amenazas y golpes, la fiscalía y el gobierno han fallado e incluso obstruid la justicia.
Por parte de todos los colectivos, se exige a las autoridades que actúen de manera diligente y transparente para garantizar la verdad, dignidad y justicia. Asimismo, se demanda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista la inmediata implementación de medidas de protección para las víctimas denunciantes de los hechos de represión.
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