Desde hace muchos años, en América Latina se ha estado viviendo el fenómeno del aumento de la intervención militar en la política. En algunos países, incluso ya forman parte del gobierno. México no ha sido la excepción, ya que las fuerzas armadas cuentan con incidencia tanto en seguridad pública como en materia económica, social, y política.
En la actual administración los militares han asumido un papel protagónico ya que participan en tareas importantes, como el aeropuerto de Santa Lucía y el de Tulum, el Tren Maya, entregar libros de texto, el control del flujo migratorio, la distribución de vacunas, entre otras. Lo problemático es que varias de estas obras se les fueron asignadas sin licitar, y la información de su proceso se tiene clasificada como de seguridad nacional.
El aumento a las tareas civiles de los militares no es nuevo. Comenzó desde administraciones pasadas, pero se ha consolidado en la actual, dentro de su búsqueda por la transformación. La intervención militar también tiene que ver con el fallo y la ineficiencia de las policías estatales y municipales, por lo menos en el ámbito de seguridad general. Se suponía que con la creación de la Guardia Nacional, se trabajaría en el fortalecimiento de la policía, y la GN pasaría a ser civil. Ninguna de estas cosas ha ocurrido.
La realidad es que, en esta exigencia por la paz, se ha hecho necesaria la intervención de las fuerzas armadas, ya que cuentan con un alto grado de legitimidad, de acuerdo con los datos de INEGI. Sin embargo, lo que generará esta presencia militar es mayores violaciones a los derechos humanos, y una dependencia en ellos para desempeñar funciones civiles ante la nula capacidad de las clases políticas.
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