La Comunidad Argentina en México, mexicanos, organizaciones sociales, estudiantes y académicos denuncian la violencia e ilegalidad con la que actuó el gobierno argentino para responder a las manifestaciones realizadas en contra de la Ley Bases. Esto porque el pasado miércoles 12 de junio del presente año, la policía federal, la policía del gobierno de Buenos Aires y la gendarmería arrestaron arbitrariamente a 35 personas, 16 de las cuales siguen detenidas, enfrentando cargos como el de terrorismo o sedición.
Esta manifestación se realizó fuera del congreso en contra de la Ley Bases, que es una versión reducida de la llamada “Ley Ómnibus” y que a pesar de haber sido reducidos sus artículos a la mitad, contiene grandes cambios a la constitución argentina. Uno de ellos es en materia de facultades delegadas en donde se le entregan al ejecutivo competencias extraordinarias por un año. Esto le permitirá al Presidente Milei decidir sobre temas sin pasar por el Congreso. El segundo de los grandes cambios, y de los más polémicos se refiere al régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, con el fin de fomentar grandes inversiones. Los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas que hoy generan el 70% del empleo.
La Ley Bases también contiene reformas en materia de privatizaciones en las cuales, si no logró, como lo proponía la ley ómnibus original, privatizar todas las empresas del estado, sí logró dos: Intercargo, que presta servicios en aeropuertos a las líneas áreas, y Energía Argentina. Por último, la ley contiene varios artículos que buscan hacer una reforma laboral. Esta ofrecería beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores aunque elimina sanciones contra el trabajo “informal”. Esta reforma, también ha sido señalada por críticos que piensan que su realización implicará la precarización laboral.
En este sentido, el comunicado, firmado por 503 personas, exige la liberación inmediata de los presos políticos así como rechazan las acusaciones de terrorismo y falsas imputaciones realizadas por el gobierno de Javier Milei.
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