El 5 de febrero de 2024, el presidente presentó un ambicioso paquete de reformas legislativas, que son 18 iniciativas de modificaciones constitucionales y dos a la legislación secundaria. Estas reformas han sido objeto de mucha duda y controversia, pero vistas desde la perspectiva de derechos humanos, las iniciativas presentan unos pasos en la dirección correcta, más que nada en materia de derechos sociales y ambientales. Por otro lado, incluye propuestas riesgosas para los derechos civiles y políticos.
La propuesta en materia indígena es un avance, ya que reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público es algo que se debía desde hace mucho. La inclusión en una de las iniciativas de la prohibición de la minería a cielo abierto y del fracking, así como las iniciativas en materia de vivienda y salario mínimo son propuestas plausibles y avances en el ámbito ambiental y social.
Sin embargo, en cuestión de derechos civiles y políticos, hay cinco propuestas preocupantes: seguir ampliando la prisión preventiva oficiosa, eliminación de organismos constitucionales autónomos, la propuesta electoral, la reforma judicial, y la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional.
Si bien es cierto que el “Plan C” tiene aspectos positivos, son diluidos con la gravedad de las cinco reformas ya mencionadas. Aunque es verdad que no todas las preocupaciones parten del tema de derechos humanos, como las grandes industrias que se verían afectadas por la posible prohibición del fracking.
El destino de estas propuestas es aun incierto, y en todo caso, habrá que observar cómo transcurre el próximo periodo de elecciones en el Congreso.
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