Los casos de mujeres ralámuli desplazadas de la Sierra Tarahumara por cuestiones de sequía o violencia son, desafortunadamente, comunes. Llegan a un futuro incierto en el ambiente urbano, donde la falta de políticas públicas las obliga a emplearse en trabajos mal remunerados y sin seguridad social.
La Sierra Tarahumara enfrenta una compleja red de problemas sociales, con una sequía que ha dificultado la obtención de cualquier alimento, creando hambruna entre las comunidades indígenas. Además, la zona vive azotada por violencia relacionada al narcotráfico. Esta zona colinda con el “Triángulo Dorado” por la presencia de diferentes cárteles de droga, encima de la sobreexplotación de materias y el despojo de tierras, mayoritariamente a las poblaciones indígenas.
Las mujeres son las que más son desplazadas, porque los hombres son a quienes asesinan. Los hogares monoparentales liderados por mujeres son muchos más en relación con los liderados por hombres: 259 tienen a una mujer a cargo, mientras que 38 tienen a hombres. El gobierno y las instituciones pertinentes carecen de recursos para atender estas situaciones. Tal es el caso del Instituto Chihuahuense de las Mujeres: no tiene políticas públicas ni presupuesto para atender a mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Además, el Estado ha hecho lo posible por medio del Código Penal para deslindarse de la responsabilidad de estos desplazamientos forzados, así como revictimizar a las víctimas. Otra barrera más para el acceso a la justicia es el idioma.
La organización Alianza Sierra Madre A. C., que acompaña a familias y mujeres en situación de desplazamiento forzado resalta que no es que no se hayan acercado con las instituciones correspondientes, sino que los acuerdos a los que se llegan en las diversas reuniones no tienen el seguimiento adecuado por parte de los organismos.
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