Luego de unas campañas donde la violencia que afecta al país se hizo presente, con varias decenas de personas candidatas asesinadas, la jornada electoral afortunadamente transcurrió sin sobresaltos, arrojando un triunfo avasallador del partido en el poder.
En breve, Claudia Sheinbaum Pardo será declarada presidenta electa y asumirá el poder el próximo 1 de octubre. Será la primera presidenta de México, lo que en sí mismo es un acontecimiento que hay que celebrar, y que es fruto también de la lucha colectiva impulsada durante décadas por valientes mujeres que exigieron participar en política en condiciones de igualdad.
La renovación de poderes públicos posibilita, por sí misma, renovar ciclos políticos. Para los derechos humanos esto puede ser buena noticia, pues los pendientes son muchos. Su atención, con sentido de urgencia, es ineludible. Enumeramos algunos de esos pendientes:
1) Medidas para hacer frente a la persistencia de la violencia; 2) contener la continuidad de las desapariciones y atender la necesidad de crear mecanismos extraordinarios de identificación forense; 3) construir controles civiles efectivos para que el poder militar rinda cuentas; 4) revertir la impunidad reformando sobre todo a las fiscalías; 5) detener el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos garantes de derechos como el INAI y la CNDH; 6) impulsar la protección a personas defensoras y periodistas; 7) reconstruir la política migratoria con perspectiva de derechos; 8) rescatar al abandonado Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 9) hacer frente a la sistemática violencia contra las mujeres; y, 10) proteger los territorios indígenas y de la naturaleza.
Para saber si se pondrá atención a estos temas, es imperativo conocer la agenda legislativa del Congreso de la Unión a partir del 11 de septiembre, porque si se retoman los aspectos más preocupantes del “Plan C”, no habrá un mensaje de continuidad de continuidad de cambio, sino de profundización de la erosión de la institucionalidad democrática.
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