El 17 de mayo de 2024 fue asesinado Antonio Regis Nicolás, comunero de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, tras ser interceptado por un comando armado de la delincuencia organizada, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
La zona había sido señalado de forma reiterativa como un área controlada por crimen organizado, pero las autoridades federales y locales fueron omisas a las peticiones de seguridad de la población.
Tras el asesinato del comunero, organizaciones civiles y la comunidad urgieron a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán para inicie una de investigación que garantice la justicia y se dé un seguimiento activo de las carpetas de los crímenes cometidos en el pueblo, que van desde la desaparición forzada hasta el asesinato.
También se hizo un llamado el Gobierno federal para que reconozca al pueblo indígena y garantice las condiciones para que puedan ejercer sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación.
También urgieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que fortalezca las medidas de protección y genere acciones necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de los otros miembros de la comunidad.
