Amnistía Internacional presentó el informe Perseguidas, sobre la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en México; en éste, se revela que desde 2016, una abogada, una periodista y una perita independiente, que trabajaron para esclarecer las masacres y fosas en San Fernando, Tamaulipas, han sido investigadas y espiadas por el Estado mexicano.
Una de las mujeres afectadas fue Ana Lorena Delgadillo, directora Fundación para la Justicia, quien durante su intervención explicó que, por un lado, las familias de las personas fallecidas en la masacre de San Fernando han tenido muchos desafíos para que las familias sean reconocidas como víctimas y que se les dieran las copias del expediente del caso. Al revelar esto, ella junto con otras defensoras de Derechos Humanos fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro. Indicó que se les persigue por decir la verdad y defender los derechos humanos.
Marcela Turati, periodista especialista en derechos humanos, explicó en su intervención que, en su caso, comenzó a cubrir las fosas de San Fernando al trabajar en la revista Proceso. Con la información que recabó, realizó varias piezas periodísticas, entre ellos un reportaje haciendo énfasis sobre la ineficiencia y la criminalidad de la Procuraduría General de la República.
Mientras que Mercedes Doretti, directora equipo argentino de antropología forense, se encontraba identificando personas y detectando irregularidades.
De esta forma, la investigación y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes violaron sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a defender derechos humanos, a la no discriminación y al debido proceso.
Entre las peticiones que se hacen desde Amnistía Internacional se encuentra que se cierre de la carpeta de investigación contra las defensoras, se elimine todo rastro de información confidencial, se impida que esta información privada se difunda hacia otros medio y se abra una carpeta de investigación en contra de los miembros que realizaron el espionaje en contra de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Dubatti. Además de garantizar medidas de no repetición y disculpa pública hacia hacia las víctimas.
