El 15 de mayo de 2017, México perdió una de sus plumas más carismáticas y contundentes: Javier Valdez, periodista renombrado y fiel cronista de los efectos del crimen organizado en la sociedad, corresponsal de La Jornada y fundador de Ríodoce. Su voz fue silenciada por las balas a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa. Ni el reconocimiento de sus colegas, ni el cariño de los sinaloenses fueron suficientes para protegerle de sus agresores. Desde entonces, Javier se sumó a la lastimosa lista de periodistas asesinados. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado el asesinato, en posible relación con su labor, de al menos 47 personas periodistas y trabajadores de medios desde 2019 hasta la fecha.
Al informarnos, los periodistas enfrentan a actores poderosos, enemigos declarados o invisibles, que se alimentan de la impunidad, la corrupción y la apatía de amplios sectores de la sociedad. Trabajan a menudo en condiciones precarias y deben luchar contra la falta de reconocimiento a su labor y la desconfianza que fomenta la desinformación. Esta situación es especialmente difícil para quienes cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción. En la actualidad, cientos de periodistas viven con medidas de protección y decenas se han desplazado forzadamente, tratando de reconstruir sus vidas lejos de sus seres queridos.
Lee el artículo completo de Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en La Jornada.
