Ivette E. Galván García y Melissa Zamora Vieyra
Coordinadoras del Área de Defensa del Centro Prodh
En un país donde la lucha por la defensa de los derechos humanos a menudo es una batalla cuesta arriba, el caso de las Mujeres de Atenco resuena como un símbolo perdurable de resistencia y de búsqueda incansable de justicia.
El pasado 03 y 04 de mayo se cumplieron 18 años desde los trágicos eventos acontecidos en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en donde aproximadamente 700 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y 1,815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo para reprimir y criminalizar a activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas que se encontraban frente a un conflicto con el gobierno municipal.
Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza en dicho operativo policial, murieron dos jóvenes. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT, solidarias y personas sin militancia alguna.
Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, las que en su mayoría sufrieron tortura sexual cometida al interior de los vehículos oficiales de los policías estatales y federales que las privaron de su libertad mientras eran trasladadas a los centros de reclusión en donde permanecieron meses y en algunos casos años, procesadas por delitos que no cometieron.
A partir de la valiente denuncia de 11 mujeres sobrevivientes, se desencadenaron una serie de investigaciones y litigios a nivel nacional e internacional, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de los hechos.
Así, en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, en la que se declaró al Estado mexicano responsable de graves violaciones a los derechos humanos y ordenó una serie de medidas de reparación en favor de las mujeres. Entre estas se incluyen: la realización de investigaciones exhaustivas y efectivas de los hechos ocurridos en Atenco, con la participación activa de las víctimas y sus representantes legales; identificación y sanción de todas las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo a aquellos en la cadena de mando, es decir, no solo de los policías que cometieron los actos, sino también de las autoridades que participaron en la planeación y supervisión de los operativos; implementación de medidas de rehabilitación física, psicológica y social, así como compensaciones adecuadas por el daño sufrido. Aunado a estas medidas, la sentencia ordena establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización del uso de la fuerza de la Policía Federal – es decir, ahora de la Guardia Nacional – y la policía del Estado de México; así como el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
Sin embargo, a pesar de los años transcurridos, la justicia sigue siendo esquiva para estas valientes sobrevivientes. Siendo una sentencia paradigmática a nivel regional que podría representar una vía para disminuir la violencia estructural hacia las mujeres y en particular de aquellas privadas de la libertad o en contextos de protesta, esta permanece sin ser cumplida en su totalidad, dejando a las víctimas en un limbo de impunidad y desesperanza.
La falta de avances sustantivos en las investigaciones, la reticencia a investigar bajo las pautas ordenadas por la Corte IDH y la constante exclusión de las mujeres sobrevivientes en la integración de la misma por parte de FGR es una de las muchas deficiencias que continúan obstaculizando el acceso a la justicia, por lo que hoy en día sigue sin existir una sentencia condenatoria contra alguno de los responsables.
Además, la inacción de las autoridades para establecer una ruta efectiva de rehabilitación y atención médica para las víctimas agrava aún más la situación. El acceso a servicios de salud y apoyo psicosocial es crucial para las sobrevivientes, y a menudo se encuentran envueltas en trámites interminables y desgastantes que impiden cumplir con la naturaleza propia de dichas medidas de reparación.
A medida que una nueva administración federal asume el poder, se presenta una oportunidad para rectificar el rumbo y cumplir con las obligaciones pendientes. El Estado mexicano tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la justicia para las Mujeres de Atenco, asegurar la plena implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH y tomar medidas concretas para prevenir la repetición de hechos como estos en el futuro.
Como lo dijo la Jueza Elizabeth Odio en su diálogo con Norma Jiménez durante la audiencia del caso ante el Tribunal regional, “[l]as mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”; estas once mujeres, sabias y valientes, han estado siempre en lo correcto al luchar por una justicia que trasciende sus circunstancias individuales. Su lucha es un llamado urgente a las diversas instituciones del Estado mexicano que están vinculadas al cumplimiento del fallo interamericano a comprometerse a garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y que nunca más se cometa tortura sexual contra mujeres en nuestro país.
