La crisis de la judicatura que han desatado los eventos de las últimas semanas ha adquirido una gravedad tal como para estimar que trascenderá a la elección del próximo 2 de junio, de suerte que puede afirmarse que no estamos ante una cuestión que se agote en la presente coyuntura electoral.
Una denuncia anónima presentada en contra de quien fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una fuerte sacudida. Desde luego, en este como en otros casos, la presunción de inocencia debe prevalecer; al mismo tiempo, la discusión de lo que ahí se describe no puede ignorarse en la conversación pública pues el relato de la denuncia es precedido por diversas versiones periodísticas en el mismo sentido.
Por lo pronto, en respuesta a esta filtración ya se ha amagado con iniciar juicio político a la actual ministra presidenta de la SCJN, una situación carente de precedentes y en extremo preocupante al ser respaldado por la fuerza política que podría detentar la mayoría calificada en el Congreso.
La crisis de la judicatura no debe capitalizarse para impulsar una propuesta de reforma que sin duda pretende incrementar el control político, en lugar de fortalecer su papel como instancia garante de derechos.
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