Está semana el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) evaluó a México en el cumplimiento de sus obligaciones sobre la Convención sobre este tema.
El Comité constató que persisten retos para garantizar los derechos de grupos históricamente discriminados como las mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y migrantes, que enfrentan discriminación en distintos ámbitos.
En esta ocasión las y los expertos del CERD resaltaron su preocupación por el impacto de la militarización de la seguridad pública en México, destacando la composición castrense de la Guardia Nacional y el uso excesivo de la fuerza por parte de sus elementos.
En respuesta, el Estado mexicano se limitó a reiterar que la GuardiaNacional es una entidad civil, que la SCJN ha emitido criterios en este sentido y que se cuenta con una ley sobre Uso de la Fuerza.
Desde el Centro Prodh enviamos información al CERD alertando sobre los impactos negativos de la militarización en comunidades indígenas, especialmente frente a sus derechos al territorio, la libre determinación y la consulta previa, libre e informada.
