El 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrió un incendio fatal en el cual agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) permitieron que 40 hombres murieran en una celda. Este año el INM anunció que va a construir otra cárcel, esta vez más grande y lejos de la ciudad. La reacción del Estado ha sido parecida a otros casos de homicidio donde está involucrado: proteger a los poderosos, sacrificar a los más vulnerables y esperar que el tiempo borre todo.
La investigación penal sigue su curso; hay 11 personas vinculadas a un proceso penal: dos hombres que estaban dentro de la celda migratoria, un agente de seguridad privada, tres agentes migratorios, el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz (prófugo), y Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del INM, quien está en libertad condicional y en funciones. Aún no se ha emitido ninguna sentencia.
Asimismo, el proceso de reparación a las familias de los migrantes fallecidos continúa. A la fecha, la mayoría de las familias en El Salvador, Guatemala y Honduras han firmado documentos para el proceso de reparación, pero no se ha finalizado, aún si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no realizó evaluaciones individuales como establece la ley.
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