El pasado 1 de marzo de 2024, Raymundo Cahuantzi -Tiaxca de su comunidad y defensor del bosque- recuperó su libertad después de más de un año y siete meses de injusto encarcelamiento. Les tomó menos de una hora a las juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio deliberar sobre las pruebas que se presentaron en el juicio oral que duró más de ocho meses, para señalar que ninguna de ellas demostraba su responsabilidad en el homicidio del que la Procuraduría de Tlaxcala lo acusó y por el que pedía cincuenta años de prisión para él.
Por su parte, Saúl Rosales fue condenado en la misma audiencia por el delito de homicidio calificado, para lo cual las juezas señalaron que, como presidente de comunidad, tenía la obligación de resguardar a la víctima y no lo hizo, por lo que por esa supuesta omisión ahora el defensor del bosque de la Matlacuéyetl en Tlaxcala enfrenta una pena de hasta cincuenta años de prisión por un delito que no cometió.
Si bien, Raymundo Cahuantzi pudo recuperar su libertad y regresar con su familia y comunidad, en el caso de Saúl Rosales las autoridades mencionadas no adoptaron un enfoque de derechos humanos e intercultural al momento de resolver su situación jurídica. Por el contrario, lo condenaron sin contar con pruebas suficientes.
Es por ello que, ante una eventual impugnación de esa sentencia condenatoria y la revisión que las autoridades del Poder Judicial de Tlaxcala, así como a las del Poder Judicial de la Federación, hagan de ella, organizaciones hacemos un llamado para que se realice un análisis exhaustivo de esa sentencia y, con base en los más altos estándares en materia de derechos humanos, y se juzgue con perspectiva intercultural a una autoridad comunitaria, para que regrese con su familia, comunidad y el bosque por el que ha luchado tanto.
