El derecho que tienen las víctimas (en el caso de Pasta de Conchos) a la verdad empieza por localizar los restos, recuperarlos y darles sepultura. Es el medio fundamental e irrenunciable de reparación y, por lo tanto, la expectativa que el Estado debe satisfacerles, así como a la sociedad como un todo. Un mausoleo, obras de infraestructura (dos polideportivos, la reparación de la plaza), indemnización por familia de más de 3 millones de pesos y la satisfacción del derecho a la vivienda (sea ampliada, reparada o creada hasta cierto límite) pueden ser mucho o poco, según, pero en realidad es nada ante la magnitud de la pérdida.
Sólo el rescate, la investigación para saber qué pasó, la sanción a los responsables y las medidas de no repetición se pueden colocar por encima de la avaricia empresarial y la negligencia estatal que causan dolor y muerte. Por eso, ante el retraso de un compromiso presidencial que va en camino, pero que aún está incumplido al 19 de febrero de 2024, las víctimas, especialmente los huérfanos, seguirán clamando: ¡rescate, ya!
Lee el artículo completo de Carlos G. Rodríguez Rivera en La Jornada.
