El pasado 24 de enero México fue evaluado por cuarta ocasión ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH) mediante el Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de un mecanismo entre pares —Estados examinando a otros Estados—, en el que se evalúa la situación de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales de cada país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para después emitir recomendaciones.
Desde el 2009, México es examinado por el EPU cada cuatro años, siendo un ejercicio que las organizaciones de sociedad civil hemos seguido muy de cerca y en el que participamos activamente. Un momento crucial de la evaluación es la sesión que se lleva a cabo en la sede del CDH en Ginebra, Suiza, en la que el Estado comparece y sostiene un diálogo interactivo con las delegaciones de los distintos países, las cuales emiten sus observaciones y recomendaciones para atender la situación de derechos humanos.
De la más reciente examinación a México, que abarca el periodo 2018-2023, es importante resaltar algunos aspectos. Por un lado, fue notorio que, a diferencia de las evaluaciones anteriores, en esta ocasión en la delegación mexicana no se incluyó a representantes del Poder Judicial ni de entidades tan relevantes como la Fiscalía General de la República (FGR), cuya presencia resultaba fundamental para brindar en la comparecencia una perspectiva de Estado, teniendo en cuenta su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para revertir la crisis de derechos humanos en el país. Ante el contexto de abierta confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial, que sólo hayan acudido la Cancillería y el Senado es sin duda un aspecto a notar.
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