Empieza el 2024 y con ello un año intenso en cuanto a lo político, lleno de desafíos para los derechos humanos. El contexto electoral marcará, sin duda, los meses por venir. Las perspectivas que guiarán a las plataformas políticas que protagonizan esta disputa parecen ya dibujadas.
De un lado, el intento de utilizar la persistente crisis de derechos humanos como arma arrojadiza al hacer una evaluación crítica de la actual administración. Una perspectiva que si bien puede ser políticamente comprensible, termina teniendo poca credibilidad y siendo poco más que una instrumentalización electoral de la gran tragedia nacional, al efectuarse por actores provenientes de formaciones políticas que en el pasado contribuyeron a que esa crisis se generara.
Del otro lado, la pretensión de subsumir la compleja y amplia agenda de las víctimas en la anunciada propuesta de modificar el mecanismo de selección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta, más allá de los enormes riesgos que entraña para el Estado de Derecho, de ninguna manera solventaría la profunda crisis de impunidad que vive el país, más vinculada con el mal funcionamiento de las fiscalías y con el modelo de seguridad militarizado y centralista, que con el de los jueces y juezas.
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