Ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició la audiencia pública sobre la solicitud de Opinión Consultiva presentada por México sobre la comercialización de armas de fuego por empresas privadas, sus impactos en Derechos Humanos y las obligaciones estatales al respecto.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aportamos observaciones considerando el impacto del tráfico de armas de fuego en casos como Ayotzinapa y las familias Barajas Piña y Trujillo Herrera; destacando la importancia de abordar el uso de armas tecnológicas como Pegasus.
Nos hemos sumado al innovador litigio impulsado por Cancillería vs la industria armamentista en EEUU de donde proviene alrededor del 70 % de las armas de fuego utilizadas en crímenes en México y donde la ley blinda de responsabilidad a fabricantes.
En audiencia, el Estado mexicano solicitó a Corte IDH opinión sobre actividades negligentes de empresas de armas que pueden derivar a vulneraciones de Derechos Humanos y señalar si existe responsabilidad por no investigar, prevenir y/o sancionar tales actividades.
La Corte IDH tiene la oportunidad de en la eventual Opinión incluir aspectos como la responsabilidad de los Estados receptores, por la falta de investigación por casos de corrupción como las armas Heckler & Koch en Ayotzinapa.
