El próximo 15 de noviembre de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría volver a analizar el amparo en revisión 675/2022, presentado por el Centro Prodh contra la modificación a la Ley General de Víctimas (LGV), en la cual se eliminó la obligación de destinar un mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para cubrir exclusivamente gastos relacionados con reparación integral, medidas de ayuda y asistencia para las víctimas.
Esto, después de haber retirado el asunto de la lista para la sesión que se celebró el pasado 9 de agosto, fecha en la que originalmente se tenía previsto discutir el proyecto de resolución elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se propone conceder el amparo al Centro Prodh al considerar que la reforma vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.
El juicio de amparo fue promovido contra una reforma realizada en 2020 a la LGV, en la cual se eliminó la asignación obligatoria de un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la atención a víctimas y la prohibición legal de utilizar dichos recursos para otro fin distinto dentro de la propia CEAV. Ésta era una garantía esencial para la protección de los derechos de miles de víctimas en México.
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