El huracán Otis dejó estragos a su paso por Guerrero, particularmente en el Puerto de Acapulco. La gravedad de esta catástrofe obliga a que la atención para las y los miles de damnificados se sitúe en el más alto punto de prioridad de la agenda pública, por encima de otras cuestiones y por encima del adelantado entorno electoral que ya vivimos.
Especialmente es esencial voltear a ver a las áreas periféricas y rurales, que se sitúan más allá de las zonas turísticas, en medio de múltiples privaciones y que requiere, por ello, tanto una robusta presencia del Estado como de la sostenida solidaridad de la sociedad. Urge no olvidar a ese Acapulco en el que surgieron luchas emblemáticas en el pasado reciente para exigir justicia social, como la defensa del río Papagayo en contra del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.
Para hacer frente a las terribles secuelas generadas por este fenómeno meteorológico, el enfoque de derechos humanos puede ser útil. Como señaló hace tiempo el Relator sobre el Derecho a la Vivienda de las Organización de las Naciones Unidas: “Los desastres naturales provocan desplazamientos, la pérdida de vivienda y de medios de vida, lo que repercute en el derecho de los pueblos a una vivienda adecuada y sus derechos correspondientes. Algunos desastres naturales recientes y sus secuelas han demostrado la necesidad de integrar las normas de derechos humanos en las medidas de prevención, socorro y rehabilitación. En muchas de estas situaciones, entre las preocupaciones planteadas figuraban la discriminación, la falta de sensibilidad en cuestiones de género, la falta de participación y la corrupción, así como el retraso en la distribución de las ayudas, las indemnizaciones y los trabajos de reconstrucción.
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