Es cierto que el sistema de justicia mexicano está roto, pero los ataques contra el Poder Judicial Federal no están orientados a reparar sus grietas.
Es real que los órganos de procuración y administración de justicia están rebasados por la impunidad y que en México la triste regla es que sólo obtiene justicia quien cuenta con los recursos económicos o políticos para que la balanza se incline a su favor. Pero es mentira que esta dolorosa realidad se vaya a remontar atacando la independencia judicial y agrediendo a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).
La impunidad que más lastima a la sociedad se perpetúa, sobre todo, por la disfuncionalidad de las fiscalías locales, responsables de investigar la mayor parte de los delitos, y por la falta de independencia de los poderes judiciales estatales, sometidos con frecuencia a la voluntad de los gobernadores.
A este panorama desolador abona la Fiscalía General de la República (FGR): siendo la institución más importante para investigar a la delincuencia organizada y, con ello, para desarticular las redes criminales que en buena parte de la república detentan el control territorial y disputan la soberanía al Estado, languidece en la inercia y la incapacidad. En derechos humanos esto se manifiesta, entre otras cuestiones, en la ínfima tasa de judicializaciones y sentencias en casos de desapariciones, tortura y ejecuciones, así como, por ejemplo, en la negligencia frente a la obligación de impulsar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que ayudaría a remontar el rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos en todo el país.
En este escenario, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ciertamente no es ajeno a la necesidad de cambio. Investigaciones serias han detectado la subsistencia de redes de nepotismo y se siguen documentando casos de corrupción, sobre todo en órganos de primera instancia. El diseño institucional del Consejo de la Judicatura, además, presenta debilidades.
