Una iniciativa que generó expectativa de la actual administración en la agenda de derechos humanos fue la de retomar el esfuerzo por avanzar en el reconocimiento de lo ocurrido en México durante la llamada “Guerra Sucia”, cuando —sobre todo a finales de los años sesenta y durante la década de los setenta— el Estado mexicano adoptó una política deliberadamente represiva en contra de disidentes políticos que generó graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, impunes e irresueltos hasta hoy.
Luego de que fracasara el intento de procesar institucionalmente este pasado durante el foxismo, del posterior abandono de esta agenda en el calderonismo y con los retrocesos en acceso a la información pública del periodo peñanietista, era de esperar que la actual administración retomara los pendientes, máxime por ser directamente heredera de estas luchas del pasado.
En términos de justicia, la expectativa era nula por el paso del tiempo y por la disfuncionalidad de la Fiscalía General de la República, acrecentada en esta administración. Lo cierto es que, en términos de verdad, los testimonios de sobrevivientes y familiares, la academia, el periodismo y los espacios culturales avanzaron en reconstruir tramos relevantes de lo ocurrido en el periodo.
Pero, en términos de reconocimiento oficial para la construcción de garantías de no repetición, había una expectativa alta: nunca hemos tenido en México, por ejemplo, un acto de Estado en que el Ejército reconozca lo que hizo en este periodo y pida disculpas a las víctimas y la sociedad; nunca hemos tenido una aceptación pública, del más alto nivel, que asuma cabalmente en un acto formal que el Estado desapareció y ejecutó disidentes políticos en esos años.
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