En días pasados se dieron a conocer dos evaluaciones internacionales sobre aspectos de la situación de derechos humanos en México, que coinciden ambas en reprobar la atención de nuestro país a temas fundamentales.
Se trata, por un lado, de las Observaciones Preliminares dadas a conocer por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y por otro de las Observaciones Finales sobre la información complementaria que México presentó al Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED). Vale la pena detenerse en ambos documentos.
En sus Observaciones Preliminares, publicadas tras su visita al país durante este mes de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estimó que las detenciones arbitrarias se presentan de manera “generalizada” en el país, en buena medida a consecuencia de la actual política de seguridad. Por ello, llamó la atención sobre la necesidad de garantizar que en el Registro Nacional de Detenciones ingresen todas las privaciones de la libertad que se realicen, incluyendo las detenciones administrativas de migrantes y de personas con discapacidad psicosocial, así como las que realizan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
El Grupo también se refirió al preocupante abuso de la prisión preventiva oficiosa, señalando que: “De las aproximadamente 90,000 personas en detención preventiva (denominada “en proceso”) en 2022, alrededor del 50 por ciento están sujetas a detención preventiva oficiosa”.
En cuanto al Comité sobre la Desaparición Forzada, después de que México compareciera ante esta instancia durante tres días y remitiera información escrita, este cuerpo colegiado concluyó que en nuestro país las desapariciones siguen en aumento, sin que hasta ahora se haya adoptado una “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”. En ese sentido, lamentó la generalizada impunidad y señaló que “la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizada”, destacando en lo particular “el alarmante número de desapariciones registradas en el Estado parte y la deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
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