Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos, concluyó un informe de la organización Amnistía Internacional México.
El reporte “México Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente” documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.
En todas estas protestas, el Estado mexicano ha respondido con la criminalización de manifestantes, iniciando procesos penales a nivel estatal en contra de personas defensoras que protestaban de forma pacífica, apuntó.
Ante esto, Amnistía Internacional presentó una serie de recomendaciones específicas e hizo un llamado al Estado para que cese inmediato la criminalización de la protesta por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
