El Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Ejército Mexicano no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres y las madres de los estudiantes normalistas.
El pasado 15 de agosto de 2023, padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por estimar que estas autoridades han incumplido el Decreto Presidencial de 4 de diciembre de 2018 mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, violando con ello el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad en su conjunto.
En su demanda, las familias de los jóvenes desaparecidos argumentan que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron pleno conocimiento de que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
De este ocultamiento, que abiertamente desacata las instrucciones conferidas vía decreto por el Presidente de la República en tanto Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y mando civil, los padres y las madres señalan la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras.
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