En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y sancionar a los responsables.
Según la ONU-DH, México tiene avances normativos e institucionales adoptados a través de diversas leyes, decretos y criterios judiciales y administrativos. Es necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las resistencias para colaborar con las instancias especializadas y dotadas de competencia para esclarecer los hechos, buscar a las personas desaparecidas, realizar las investigaciones y transparentar el quehacer gubernamental.
Las negativas y obstáculos en esta materia, además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas incluso desde las más altas autoridades del Estado. Dichas conductas deben ser sometidas a ejercicios independientes de rendición de cuentas que permitan el oportuno deslinde de responsabilidades administrativas y penales.
El derecho internacional de los derechos humanos establece claramente que las autoridades competentes deben disponer de las facultades y recursos suficientes para “acceder a la documentación y demás informaciones pertinentes”. Con base en dicho estándar, se ha recomendado a los Estados “garantizar que las autoridades encargadas de las investigaciones tengan acceso a toda la información pertinente, incluida la contenida en los registros y archivos de los órganos militares, policiales, de inteligencia y otros órganos de seguridad nacional”.
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