Hoy las tensiones sociales y políticas de nuestra región han puesto nuevamente en el punto de mira a otra universidad jesuita centroamericana, la UCA de Nicaragua, donde apenas el 15 de agosto el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo incautaron los bienes muebles e inmuebles de dicha universidad, así como sus cuentas bancarias, en un episodio que supone un atentado flagrante contra la autonomía universitaria y una vulneración del derecho a la educación de miles de jóvenes nicaragüenses. Días después, el 19 de agosto, las autoridades gubernamentales desalojaron a los sacerdotes jesuitas de su residencia, a pesar de haber comprobado que esta instalación no forma parte de la universidad.
La narrativa oficial justificó dichas acciones acusando a la universidad de ser un “centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales”, por haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y por transgredir el orden constitucional, jurídico y el de las instituciones de educación superior del país. Estos hechos se inscriben en el contexto de la represión sistemática operada por el gobierno nicaragüense contra quien demande la restitución de los controles democráticos del país y la garantía de los derechos humanos.
La crisis sociopolítica en Nicaragua se agudizó en 2018 a partir de la represión violenta de las manifestaciones civiles contra las reformas al sistema del seguro social, en el marco de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró el asesinato de 350 personas. En repetidas ocasiones, la UCA abrió las puertas del campus a quienes estaban siendo violentamente reprimidos en aquellos días.
Según el Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, durante los últimos cinco años, 3 mil 144 organizaciones sin fines de lucro han perdido su personalidad jurídica de manera arbitraria; muchas personas han sido privadas de su nacionalidad y han sido expulsadas del país; tres partidos políticos de oposición han sido perseguidos y 13 medios de comunicación operan desde el extranjero, en tanto que los que permanecen dentro operan bajo una forzada autocensura. Según la investigadora Martha Molina, se sabe de 529 ataques contra la Iglesia católica, y ya son 27 centros de estudios superiores confiscados por el régimen, entre los que destaca la UCA.
Según el Latinobarómetro de 2020, sólo 35 por ciento de los nicaragüenses confiaban en su gobierno. En dicho año, la sociedad de Nicaragua aparecía como la menos dispuesta a expresar sus opiniones, pues 67 por ciento de los encuestados declaró evitar externar opiniones sobre los problemas del país, y 63 por ciento decía temer sufrir consecuencias negativas si lo hacía. Es por demás elocuente que la edición 2023 del Latinobarómetro no incluye a Nicaragua por no existir ahí garantías de seguridad para levantar encuestas.
A lo largo de sus 63 años de vida, la UCA de Nicaragua en consonancia con su compromiso de trabajo por la verdad y la justicia, ha hecho ejercicio de su deber universitario de análisis crítico de la realidad, ello le ha conducido a señalar los abusos del gobierno del matrimonio Ortega-Murillo, cuyos rasgos autoritarios actualizan los fantasmas dictatoriales que han asediado recurrentemente a América Latina. Por su compromiso con la justicia, la UCA de Nicaragua recibió en 2022 la Medalla Pedro Canisio, SJ, otorgada por la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas.
Como recién ha recordado el Observatorio de la democracia de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), la democracia descansa en el respeto a las libertades, la separación de poderes, la transparencia y la participación ciudadana; por ello la medida implementada contra la UCA por su ejercicio crítico frente a los abusos del Estado nicaragüense confirma el talante totalitario del régimen de Ortega.
La historia latinoamericana, en específico la de quienes lucharon contra los regímenes autoritarios en nuestra región, nos ha enseñado que, ante los embates y abusos del poder, la resistencia persiste y da frutos. Es de esperar que lo mismo ocurra en Nicaragua, donde a pesar de las adversidades y los estrechos márgenes, las voces que claman justicia desde la sociedad civil y el ámbito universitario no callarán. Ellas exigen una solución racional e integral a la crisis que sufre el pueblo nicaragüense; solución que pasa por reivindicar el diálogo, la búsqueda de la verdad, la justicia y el respeto de la autonomía de las instituciones universitarias como condiciones indispensables.
