La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgue un amparo contra la Ley General de Víctimas, que eliminó la obligación de dotar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para atención victimal.
Dicho presupuesto fue eliminado en 2020 por el Congreso con la justificación de que serviría para atender la contingencia sanitaria por Covid-19. Estaba destinado a gastos de reparación integral, funerarios, médicos y psicológicos; terapéuticos, hospitalarios, traslados, hospedaje y alimentación para familiares de personas desaparecidas o víctimas de ejecución, sobrevivientes de tortura y víctimas de otras violaciones a derechos humanos.
Ante esto, en 2021, el Centro Prodh promovió un amparo en contra ello, el cual será resuelto el próximo 9 de agosto por la Primera Sala de la SCJN, a partir de un proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá.
MUCD reprobó que se redujera este fondo y no el presupuesto a las Fuerzas Armadas y reiteró que los recursos para la asistencia y atención a víctimas deberían ser una prioridad para el Estado. Por lo tanto, apuntó que la decisión de la SCJN erá fundamental para el acceso a la justicia de víctimas y la reparación del daño de las mismas.
