El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgue un amparo contra la Ley General de Víctimas, que eliminó la obligación de dotar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para atención victimal.
El amparo fue promovido en 2021 por el Centro Prodh después de que en 2020 dicho presupuesto fuera eliminado por el Congreso. En él se contemplaba cubrir gastos de reparación integral de las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos, así como gastos funerarios, médicos y psicológicos, terapéuticos, hospitalarios, traslados, hospedaje y alimentación, cuando las personas den seguimiento a sus procesos de búsqueda y construcción de justicia.
Durante conferencia de prensa, las organizaciones advirtieron que la reforma es regresiva e inconstitucional, ya que pone en vulnerabilidad a las víctimas.
El amparo, que se centra en la afectación de los derechos de las víctimas, será resuelto el próximo 9 de agosto por la Primera Sala de la SCJN, a partir de un proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá. En el proyecto se propone considerar que la reforma es un retroceso respecto de los derechos conquistados por las víctimas.
