Durante décadas, la tortura se ha constituido como el principal mecanismo del sistema de procuración de justicia para fabricar culpables e intentar demostrar que se da respuesta a las denuncias interpuestas por diversos delitos. Este mecanismo no solo impide un acceso real a la justicia por parte de las víctimas de delitos, sino que produce nuevas víctimas: personas que son torturadas y sentenciadas por delitos que no cometieron.
El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. En este marco, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló: “La investigación y sanción de la tortura son un derecho fundamental de las víctimas y un contundente mensaje a las instituciones y a la sociedad sobre una práctica absolutamente reprobable e inadmisible. La falta de sanción es una muestra de permisividad estatal para que los perpetradores continúen torturando impunemente, así como para que otros actores recurran a esta práctica u otras igualmente lesivas de la dignidad humana”.
Datos del Observatorio contra la Tortura señalan que, en el estado de Tlaxcala, entre los años 2014 y 2022 hubo al menos 337 expedientes de investigación iniciados por el delito de tortura, sin embargo, en ese mismo periodo no se dictó ninguna sentencia por la comisión de este delito. Esta impunidad tiene varios efectos, por una parte, permite que las prácticas de tortura se continúen ejecutando por los agentes del Estado, pues no se castiga a quien las pone en práctica; por otra parte, genera que en las prisiones existan personas inocentes sentenciadas por delitos que no cometieron, ya que los procesos judiciales se determinan basados en confesiones inculpatorias logradas bajo tortura. Uno de los casos que ejemplifica esta situación es el de Keren Selsy Ordóñez Hernández, originaria de Xalapa, Veracruz, y presa en el Anexo Femenil del estado de Tlaxcala.
El 11 de diciembre de 2015, a un mes de haber dado a luz, Keren acudió a un domicilio cercano al suyo, con su bebé en brazos, donde se encontraba su expareja y padre de su hija para solicitarle la manutención. Al llegar, en la calle frente a ese domicilio, hombres armados vestidos de civil –que después supo eran elementos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal– la detuvieron junto con su bebé, así como a su expareja, como parte de un operativo conjunto iniciado en el estado de Tlaxcala debido a un reporte de secuestro. Posteriormente fue trasladada de Xalapa, Veracruz, a la ciudad de Tlaxcala, en un recorrido que duró más de 11 horas.
Keren fue víctima de tortura desde el inicio de su detención, como lo señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: “Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos, subieron a ambas a un vehículo oficial, sin explicarles el motivo de la detención. Una vez que se encontraba en la patrulla, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de lastimar a su hija. Incluso los agentes hicieron referencia a que, como la bebé no contaba con acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir que amagaron con desaparecerla… fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado”.
Consulta el artículo completo de Emilio Muñoz Berruecos en La Jornada.
