Se ha cumplido el primer aniversario del asesinato de cuatro personas, entre ellas: dos padres jesuitas, en Cerocahui, Chihuahua. Un evento que cimbró al país, mostrando que aún vive la capacidad de indignación en una sociedad como la nuestra, en la que, en ocasiones, pareciera que se acostumbra a la interminable violencia.
El asesinato dentro de un templo religioso de dos sacerdotes octogenarios que dedicaron su vida a servir a los más pobres insertándose en la cultura rarámuri, precedida de los homicidios del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Berrelleza, cruzó un límite simbólico y por ello estremeció a México. Los padres Javier Campos y Joaquín Mora permanecieron desaparecidos por varias horas, como tantas y tantos mexicanos cuyo par adero se desconoce, hasta que sus cuerpos fueron encontrados en un solitario paraje de la sierra.
Después de los hechos, la Compañía de Jesús demandó justicia y a ese llamado se sumaron actores civiles, religiosos y políticos, nacionales e internacionales. También se exigió una mayor presencia estatal en lógica de garantía de derechos en la Sierra Tarahumara, secularmente olvidada, y revisar la política de seguridad que, por privilegiar una excesiva militarización centralista y por dejar de lado a la justicia, está consintiendo el fortalecimiento de las redes criminales en los territorios más alejados.
Pese a estos llamados, el Estado incumplió su deber de imponer consecuencias legales por los hechos. Las instituciones no se coordinaron para este fin: trascendió que el despliegue militar en la zona no se concentró sólo en la búsqueda del perpetrador de los crímenes, sino también en el monitoreo de las actividades de los religiosos presentes en la zona; también fueron públicos los diferendos entre el gobierno federal y el gobierno estatal. En ese contexto, subsistieron los riesgos enfrentados por sobrevivientes, testigos y personas de la comunidad, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a su favor.
Finalmente, la barbarie y la impunidad se impusieron. El perpetrador fue asesinado y su cuerpo encontrado en una vereda. Con ello se privó a los deudos, a la comunidad jesuita y a la sociedad en su conjunto de un proceso legal que permitiera conocer la verdad sobre lo ocurrido. En el caso, el Estado fracasó. Por eso la Compañía de Jesús lamentó esta muerte, dando testimonio de cómo las vidas de los victimarios también importan y apartándose así de los sectores que ante la violencia demandan mano dura y más violencia.
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