Organizaciones advirtieron que a 3 meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron y 28 resultaron lesionados, aún no ha habido justicia para las víctimas y ha prevalecido la falta de transparencia, así como la revictimización y hostigamiento a los sobrevivientes y sus familias.
Denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha condicionado el apoyo de gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio a familiares para que dejen de comunicarse con las organizaciones. A su vez, los agentes de Migración han llevado a las personas a sus citas ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría constituir un proceso de coacción.
Por su parte, sostuvieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ha mantenido al margen del proceso. No les ha brindado acompañamiento psicosocial continuo ni ha gestionado una atención multidisciplinaria o reparación del daño. Asimismo, aseguraron que la FGR obstaculiza defensa de las víctimas el proceso ha sido poco transparente y punitivo. Reprobaron que dos migrantes, entre ellos uno con graves lesiones, hayan sido acusados ser los autores materiales y se encuentren en prisión.
Ante esto, hicieron un llamado a la CEAV proteger y dar reparación del daño, mientras que pidieron a la FGR castigar a los responsables y separar del cargo a al titular del INM, Francisco Garduño.
